El pasado 20 de febrero entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta normativa obliga a todas las compañías con más de 50 personas en plantilla, a implementar un canal de denuncia que garantice un entorno de comunicación seguro y confidencial, a fin de posibilitar la realización de denuncias sobre conductas inapropiadas o incumplimientos normativos. Aplica a todas las personas físicas o jurídicas que realizan actividades públicas o privadas en territorio español. La fecha límite establecida en la ley para implementar dicho canal de denuncia es el próximo 1 de diciembre 2023, siendo obligatorio para la empresas de más de 250 trabajadores, desde junio 2023.
Más información: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 |