En febrero de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
Esta normativa obligaba a todas las compañías con más de 50 personas en plantilla, a implementar un canal de denuncia que garantice un entorno de comunicación seguro y confidencial, a fin de posibilitar la realización de denuncias sobre conductas inapropiadas o incumplimientos normativos.
Aplica a todas las personas físicas o jurídicas que realizan actividades públicas o privadas en territorio español.
La fecha límite establecida en la ley para implementar dicho canal de denuncia fue el 1 de diciembre 2023, siendo obligatorio para las empresas de más de 250 trabajadores, desde junio 2023.
A punto de cumplir un año de su entrada en vigor, se recuerda que este canal debe permitir que los trabajadores, de forma confidencial y segura, informar sobre infracciones legales o normativas dentro de la empresa. Además, se debe garantizar la protección del denunciante frente a represalias y asegurar que las denuncias se gestionen de manera eficiente.
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones de 10.001 euros a 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.